El pasado 3 de Mayo, se reglamentó la Ley Nacional de Migraciones 25.871 que reemplazó a una anterior decretada por la última dictadura militar.


“La ley y su reglamentación constituyen un avance significativo en materia de derechos humanos de los y las migrantes. La reglamentación era una deuda pendiente que finalmente está saldada. Los avances de esta ley respecto a la anterior son significativos: se reconoce el derecho a migrar como esencial e inalienable de la persona; se garantiza el derecho a la educación y a la salud, sin importar la situación migratoria y se exige a los docentes y médicos no ya denunciar la irregularidad sino la obligación a ayudar a los inmigrantes a regularizar su situación. Pero además, la ley y su reglamentación garantizan el efectivo control judicial respecto de la razonabilidad y legalidad de cualquier medida dictada a su respecto por la autoridad de aplicación. Estos son sólo algunos de los tantos avances en materia de garantía de los derechos humanos de los migrantes que establece la ley y que a partir de la reglamentación otorga mayores herramientas a los funcionarios para garantizar esos derechos”, señalaron desde la OIM. (Organización Internacional para las  Migraciones)


Bajo los criterios de esta ley la Dirección Nacional de Migraciones estableció el plan Patria Grande, para ciudadanos del Mercosur, que lleva regularizada la situación legal de unos 736 mil inmigrantes, según la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), desde el 2004 al 2009.


Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Migraciones